**Hace 38 años fueron torturados y asesinados 23 jóvenes revolucionarios del Frente Guerrillero Américo Silva. La Masacre de Cantaura es la viva expresión de las políticas represivas y de exterminio del puntofijismo, contra quienes pensaban y actuaban distinto
RODIN BUSTILLOS
Se trataba de un ataque artero, en el que participaría la Fuerza Armada Nacional (FAN) y la antigua DISIP, a las órdenes del Gobierno copeyano de Luis Herrera Campins, quien se encargó de presentar la Masacre de Cantaura como un enfrentamiento armado entre “Bandoleros” con el Ejército venezolano.
En el “enfrentamiento”, participaron más de 1200 hombres de la FAN y 400 de la DISIP, cayeron 23 mártires revolucionarios apertrechados en los Changurriales del Morocho Evans, 13 de los cuales presentan tiros de gracia (en la nuca), de acuerdo a las investigaciones que llevaba para aquel entonces el Ministerio Público.
En esta operación, considerada una masacre por los sectores de izquierda venezolana, fue bombardeado un campamento del Frente Guerrillero «Américo Silva» en armas, compuesto por cerca de 41 guerrilleros, de los que fallecieron 23. Dentro de ese grupo hubo sobrevivientes como Alejandro Velásquez Guerra, que más tarde narraría lo sucedido en el sitio.
La acción comenzó a las 5:45 de la madrugada del 4 de octubre de 1982. Las Fuerzas de Seguridad del Estado hicieron un clásico operativo de cerco en acción combinada por tierra y aire. Una vez ubicado el foco guerrillero colocan en los sitios estratégicos de los alrededores, emboscadas distribuidas en forma de semi-luna, formando varios anillos, luego se inició el ataque con la fuerza área bombardeando con aviones Canberra y ametrallando con aviones de observación Bronco OV-10 de forma intensa.
Después de divulgarse lo ocurrido se produjeron movilizaciones de rechazo a la actuación de la fuerza pública y diversas expresiones de solidaridad a nivel nacional. Las denuncias de los sobrevivientes indicaban que se cometieron ejecuciones contra personas que se habían rendido, y daban cuenta de una actuación asimétrica y desproporcionada por parte de los componentes de la FAN y la Disip actuantes en la operación.
Aunque el movimiento de Derechos Humanos en el país daba apenas sus primeros pasos, El 17 de diciembre, Amnistía Internacional expresó en su Informe Anual del año 1982 su preocupación por los hechos y requirió al Estado venezolano información sobre el incidente.
Debido al incidente en Cantaura, estado Anzoátegui, se creó una comisión de investigación por parte del Congreso y del Fiscal General al enterarse que no hubo sobrevivientes, y que las víctimas habían sido enterradas en tumbas sin practicársele autopsias. El ejército se negó a devolver los cuerpos a los familiares, o permitir autopsias por el médico forense civil. Aunque a las familias se les permitió recuperar los cuerpos 10 días más tarde, el ejército siguió negando las autopsias. El oficial comisionado por el Fiscal General para realizar las exhumaciones el 14 de octubre fue sacado por la fuerza del cementerio con el argumento de que la investigación era un asunto exclusivo de la jurisdicción de los Tribunales Militares. Amnistía Internacional expresa preocupación por la afirmación del ejército a ese respecto y da la bienvenida a las declaraciones de la oficina del Fiscal General de que continuaría su propia investigación.
En su Informe Final publicado en marzo de 2017, la Comisión del Estado por la Justicia y la Verdad individualizó a los responsables intelectuales y materiales de esta acción conocida entre los cuerpos de seguridad como “Operación Cantaura”, cuyo objetivo era la completa liquidación de los guerrilleros. El primero en la lista es el General de División (Ej) Vicente Luis Narváez Churión, Ministro de la Defensa para el momento de los hechos. La operación fue ejecutada por un oficial general, 8 oficiales superiores, 24 oficiales subalternos, 378 efectivos de tropa, y noventa y 6 funcionarios de la Disip.
Los funcionarios de la Disip fueron comandados por el entonces director general, el director de inteligencia y el director de operaciones de ese organismo policial: Remberto Antonio Uzcátegui Bruzual; José Domingo Yépez y Henry Rafael López Sisco, respectivamente.Todo este despliegue de tropas y equipamiento demuestran la asimetría y el uso desproporcionado de la fuerza de la operación.
En octubre de 2013 el Ministerio Público a través de la Fiscalía 80° de Derechos Fundamentales imputó al médico forense Guillermo Solano por su vinculación con los hechos, al presuntamente encubrir a los autores materiales mediante la emisión de certificaciones de defunción falsas.
Por los hechos de Cantaura también han sido imputados el ex director general de la antigua DISIP, Remberto Uzcátegui, el ex director de Inteligencia de ese organismo, José Domínguez Yépez y el ex comandante del Batallón de Cazadores del Ejército, Ismael Antonio Guzmán.
En 2014 la Ex Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público estaba a la espera de la concreción de las órdenes de aprehensión libradas contra los presuntos responsables. Asimismo, el Ministerio Público solicitó “Alerta Roja, Difusión Roja o Código Rojo”, ante la Dirección de Policía Internacional (INTERPOL), de los ciudadanos Henry Rafael López Sisco, Vicente Luis Narváez Churión, y Clemente Eduardo Rojas La Rosa. Dicha solicitud fue negada conforme a lo establecido en el artículo 3 del Estatuto de la OIPC-Interpol.
Provea recuerda que los autores materiales e intelectuales de estos hechos siguen sin sanción, y los sobrevivientes y familiares de las víctimas, aún no obtienen ni verdad, ni justicia, ni reparación. No hay un solo detenido por los hechos de Cantaura a pesar de los avances en la determinación de las responsabilidades.
